Los agentes que ofertan las actividades de ocio vinculadas con los juegos de azar, deben salir al paso ante las falsedades vertidas por diversos estamentos de la sociedad, quienes buscan de manera partidista y sesgada el perjuicio de dicho ámbito económico.
El crecimiento de todas las actividades relacionadas con los juegos de azar y las apuestas es imparable, según diversos indicadores oficiales proporcionados por organismos públicos. Ese aumento del volumen de negocio requiere un marco legal claro sobre el que sustentar estas actividades, así como medidas que ahuyente las malas prácticas que pueden producirse dentro de estos establecimientos físicos y plataformas interactivas.
Luckia es uno de los operadores de juego DGOJ con más volumen de negocio y más locales físicos en España. Recientemente, José González Fuentes, presidente la sociedad, concedió una entrevista en EsRadio Galicia pasando revista a todos los asuntos de actualidad que afectan a este sector, el cual supone del PIB. Conglomerando la no desdeñable cifra de 2000 millones de euros en forma de tributos y pagos a la seguridad social a las arcas del Estado, y generando 85000 empleos directos, y 160000 de manera indirecta.
Para Fuentes “existe más bien una alarma política y no tanto social”. Afirmación que se sustenta con un dato del año 2016, en el que se refleja que solo el 0,2% de las personas que realizan estas actividades de ocio con asiduidad presentan patologías en relación al juego. Lo que hace ver la tesitura real del problema, y no acrecentarlo como se hace desde diferentes medios de comunicación de masas.
También Jose González intenta desmontar el mito del gran dinero que mueven las apuestas deportivas en España. “Este trozo del pastel es muy pequeño en comparación con otros del sector, no llegando ni por asomo a los datos que movía la Quiniela de Loterías y Apuestas del Estado en su momento más álgido”, sostiene el presidente de Luckia.
En relación con la legislación de las Comunidades Autónomas en torno a este sector, González asevera que ”han flexibilizado su legislación con respecto a las casas de apuestas y casinos, permitiendo establecerse a grandes casinos en el centro de las ciudades”.
Otro tema que requiere la atención del gran público es la seguridad de estos establecimientos, y el posible acceso de menores de edad a estos locales, González afirma que “los datos que tienen en su poder de diferentes Comunidades Autónomas indican que las sanciones por acceso de menores de edad a este tipo de actividad son muy pocas”, pero se intentará que la seguridad plena esté presente en todos los locales del sector, limitando al máximo estas malas prácticas.
El sector del juego necesita tener un marco legal acorde a una actividad que el año próximo superará el 1% del PIB en cuanto a generación de riqueza esta actividad tan válida como otra, debe ser apoyada por todos los agentes involucrados en la misma, dejando las hipocresías fuera de los discursos partidistas, a fin de conseguir el bien común.
