La legislación española en torno al juego y las apuestas, ya sea presencial u online, no para de modificarse e introducir nuevas variantes para en teoría solucionar algunos problemas que pueden surgir con el desarrollo típico de la actividad.
En este sentido, el Ministerio de Consumo y las Comunidades Autónomas han llegado a un acuerdo para implantar de manera inmediata un registro de autoprohibidos del juego presencial y online.
Este acuerdo llevado a cabo entre los diferentes estamentos públicos que tienen voz y voto en territorio español en términos de juego, permitirá que numerosas personas con ciertas patologías asociadas a esta actividad puedan autoexcluirse a través de su inscripción en un registro que tendrán en su posesión todas las plataformas oferentes de productos de esta naturaleza.
Cada persona debe ser autosuficiente para detectar los problemas en los que pueda incurrir y así inscribirse de muto propio en el registro que le impedirá acceder a cualquier forma de expresión de juegos de azar en España. Es cierto que esto sucede puntualmente, pero en los casos en que se presente alguna patología puede ser una buena opción para que esa persona no incurra en diversos efectos negativos que subyacen de la patología que tiene en referencia al juego.
Hasta este momento, se producían disfunciones entre las diferentes administraciones públicas. A nivel del Estado existía el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), pero luego además cada ente autonómico contaba con el suyo propio, teniendo la tara de que la interconexión entre todos estos registros brillaba por su ausencia.
Con esta nueva medida, son cerca de 60000 personas las inscritas en este registro, teniendo la peculiaridad que también tendrán prohibido su acceso a las plataformas en línea, como los casinos online en España, una parcela que cada vez tiene más peso sobre la actividad total, no queda al margen de este giro de tuerca legislativo, como no podía ser de otra manera.
En la actualidad, todos los registros que existían en los diferentes organismos públicos en uno solo, teniendo este hecho múltiples ventajas. La principal de todas ellas es la de contar con una base de datos mucha más amplia y representativa de los posibles casos patológicos en referencia al juego dentro de las fronteras de España.
Las competencias en el campo del juego están muy diferenciadas dependiendo de su naturaleza. En el caso de la parcela interactiva, es el Ministerio de Consumo el organismo encargado de su tutela y de tomar medidas. En cambio, todos los establecimientos físicos de juego dependen directamente de las Comunidades Autónomas, lo que hacía necesaria una legislación que permitiera compartir información de ambas actividades entre las entidades públicas competentes en la materia.
El objetivo buscado por el acuerdo entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Consumo, busca aumentar la red existente, para que jugadores patológicos puedan no incurrir en posibles efectos nocivos, salvaguardando así la salud y la de su familia.
